Diario de un moviladicto

Todos tenemos o hemos tenido teléfonos que nos ha subvencionado una operadora. Seguramente los hemos conseguido gratis o más baratos. Ninguna empresa regala nada. ¿A cambio de qué podemos disponer del móvil a coste 0 o un precio ventajoso?

Para empezar tenemos que aceptar sí o sí un compromiso de permanencia con el que la compañía se cura en salud. Si te das de baja, te quieres pasar a prepago o cambiar de compañía, debes abonar una penalización que cubre con creces el precio del terminal en la mayoría de los casos. Vamos, que el descuento o el presunto regalo debes abonarlo si decices poner fin a tu relación contractual.

Pero dejemos al margen esta práctica que simyo pretende erradicar y vamos a analizar con qué otras ruedas de molino tenemos que comulgar:

Casi siempre llevan serigrafiado el logotipo de la operadora que nos hace el regalo. Es difícil que puedas desprenderte de los anagramas de la compañía de turno porque están estampados a conciencia. Seguramente tardarías menos en borrarte un tatuaje de un dragón a tamaño real en la espalda que borrar la M de movistar.

¿Qué me decís de los accesos trampa a los portales WAP que colocan estratégicamente? ¿O acaso alguien se ha librado de no conectar con Vodafone live! movistar e-moción u Orange World sin quererlo ni beberlo? Por si fuera poco colocarlo en la pantalla de inicio, suele estar en todos los menús con la excusa que sea (para descargar temas, politonos, juegos…) Vaya, que a lo tonto las operadoras se benefician cada año de millones de conexiones involuntarias a unos 70 céntimos cada una.

Otra de las manías es modificar el software original por el de la propia operadora, mucho más reducido y menos estético. Da igual que te hayas comprado un móvil de última generación o tengas un modelo básico que no tiene ni cámara: el menú siempre es el mismo

Y lo que ya es el colmo no es sólo que lo personalicen con sus colores y sus anagramas, sino que capen algunas funcionalidades para impedir que puedan intercambiar datos entre móviles (y haya que descargarlos de sus respectivos portales WAP, esos a los que accedes a la mínima de cambio) o no se pueda utilizar el servicio de voz sobre IP, que permite realizar llamadas sin coste a través de Intenet y que, lógicamente les interesa 0 a las operadoras.

¿La solución? Para los casos en los que las modificaciones afectan al sistema operativo pasan por flashear el teléfono. Se trata de una opción delicada y sólo recomendable si se es un experto. También se puede llevar a un servicio técnico para que proceda a esta operación, pero tiene un coste bastante elevado.

Ah, se me olvidaba. Por supuesto el móvil está bloqueado para ser utilizado exclusivamente con tarjetas SIM de la operadora que realiza la subvención. No siempre es posible liberarlo, sobre todo en los modelos nuevos y hacerlo de una manera oficial exige que haya transcurrido el periodo de permanencia o que el cliente tenga que pagar una buena suma.

¿Sigues pensando que ese móvil que consigues ‘gratis’ es un chollo? Yo creo que no merece la pena doblegarse tanto por un aparato que se utiliza tanto todos los días y que se puede comprar libre por poco dinero (los hay a partir de 39 euros, incluso menos si lo compras a través de simyo, por ejemplo).

Por cierto, este post está inspirado en otro de Xataka Móvil.

Hace unas semanas os conté mi lamentable, frustrante y tormentosa experiencia con Jazztel y prometí manteneros informados de cómo iba mi reclamación ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi), que depende del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Pues después de tanto nombre y de tantos meses (cinco), debo decir que este organismo, que debe velar porque las operadoras no abusen de los consumidores, no vale para nada que no sea perder el tiempo. Al menos en mi caso.

Es la primera vez que recurro a esta institución que está en la calle Capitán Haya, 41, en Madrid (28071). Doy la dirección por si, a pesar de esta crítica, alguien quiere dirigirse a la Setsi para plantearles una reclamación.

No voy a repetir mi caso para no aburrir al personal, pero si queréis conocerlo, está explicado en este post. Pues bien, después de esperar unos 150 días y varias comunicaciones, he recibido una carta que os resumo con este breve extracto:

“…de la atenta lectura de los hechos relatados, se desprende que el objeto de la presente reclamación se centra en un servicio -contratación de canales de televisión- no contemplado (…), motivo por el cual esta Secretaría de Estado carece de competencia, por razón de la materia, para entrar a resolver sobre el asunto planteado…”

Sólo estoy de acuerdo con la parte en la que afirman carecer de competencia. Efectivamente, me parece que son unos incompetentes, y no porque no me hayan dado la razón, que tampoco me la quitan, sino porque esos servicios a los que se refieren deben estar incluidos dentro de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas que se recogen en el Real Decreto 424/2005. Estamos hablando de IPTV, es decir, televisión que funciona bajo ADSL.

Y, en cualquier caso, si no pueden resolver asuntos de este tema, ¿por qué no me lo comunican cuando reciben la primera comunicación en el mes de febrero? ¿Para qué tengo que esperar cinco largos meses para plantearme acudir a otra vía y me envían varias cartas entre tanto?

En fin, preguntaré si Jazztel está adscrita al sistema de arbitraje de consumo. Lo dudo porque, con la cantidad de reclamaciones que acumula esta operadora, se pasarían todo el día acudiendo a tratar de resolver estos asuntos.

Ya os contaré cómo acaba esto.

Actualización 22/07/08:

Después de escribir el post envié un e-mail al Instituto Nacional de Consumo para consultarles si Jazz Telecom (Jazztel) está adherida al sistema de arbitraje de consumo. Esto es lo que me han respondido hoy:

No se encuentra adherida, por lo que le sugerimos presente su reclamación ante la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones.

En fin, ¿alguna sugerencia sobre qué hacer llegado a este punto?

En lenguaje coloquial así podrían resumirse las alegaciones que han preparado los gigantes de las telecomunicaciones móviles españolas.

Casi año y medio después (curiosamente el periodo que suelen exigir a sus clientes en sus compromisos de permanencia) la Comisión Nacional de la Competencia ha emitido un informe en el que menciona que existen indicios de que movistar, Vodafone y Orange pactaron sus tarifas para subirlas en marzo de 2007.

En su momento las organizaciones de consumidores y los propios usuarios ya nos sublevamos, aunque sirvió de poco. El 1 de marzo comenzaron a aplicar sus nuevas tarifas y hasta hoy en día cada uno de nosotros hemos pagado una media de 26 euros más por línea (no quiero calcular cuánto de más he abonado yo que tengo varias) según ha calculado Facua.

Como era de esperar, las ‘tres Marías’ han vuelto a entonar la misma canción de siempre: “No pactamos, somos buenas, dejadnos en paz, que lo único que hacemos es mirar por el bien [de nuestras cuentas de resultados]“.

Y digo yo, ¿qué es lo que entenderá exactamente el organismo que garantiza que haya competencia por pactar? Porque como tenga que demostrar que los señores con traje de cada una de estas multinacionales se reunieron en un sitio secreto para hablar de este asunto y llegar a un acuerdo, mal lo llevamos.

Ahora bien, si lo que pretenden es demostrar (y sancionar por ello) que las compañías que en ese momento controlaban nada menos que el 99% del mercado subieron desorbitadamente (un 25%) el precio del establecimiento de llamada (más los correspondientes ajustes al alza de las tarifas de voz) y exactamente el mismo día (1 de marzo de 2007), me parece de lo más justo.

Es algo obvio y que salta a la vista. Parece absurdo que hayamos tenido que esperar año y medio para que se den cuenta, pero como dice la sabiduría popular: “Más vale tarde que nunca”.

¿Y a qué se exponen las acusadas si la CNC les aplica la máxima sanción? En el peor de los casos (para ellas) tendrían que pagar hasta el 10% de sus ingresos, lo que traduciría en una multa de unos 2.000 millones de euros (la cifra es tan grande que no sé ni traducirla a pesetas). Claro que eso sería lo máximo a lo que tendrían que hacer frente, pero todo este asunto se puede quedar en nada o en un mínimo de 10 millones de euros a pagar entre las tres. Pecata minuta que dirían algunos.

Y en cualquier caso, ¿de qué nos sirve a los consumidores todo esto? De nada. No nos devolverán lo que nos han cobrado de más. ¿No sería más razonable que además de multarlas, les obligaran a bajar el establecimiento de llamada no ya a los 13,92 céntimos de antes, sino a una cifra justa y razonable?