Dirigir una operadora no debe ser una tarea sencilla. En realidad, debe ser tan complicado como capitanear cualquier compañía que tenga cientos de miles o, incluso, millones de clientes.
Cualquier decisión que implique modificar las tarifas (al alza o a la baja) afecta directa e inmediatamente a la cuenta de resultados, para bien o para mal.
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En los últimos meses hemos asistido a una guerra de precios entre las operadoras de telefonía móvil que ha tenido un claro vencedor: el usuario.
Las grandes operadoras han situado el precio por minuto en 6 céntimos (en realidad, 7,1 céntimos con IVA).
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Hola movilones,
¿Cuántas veces has leído un titular de este tipo: Ono factura a un usuario casi 18.000 llamadas a líneas 905 y le amenaza con embargarle sus bienes si no las paga?
La Prensa recoge habitualmente las reclamaciones de clientes a los que les ha llegado un recibo demasiado abultado.
En unas ocasiones la culpa es de la compañía telefónica, que ha facilitado una información incorrecta y el cliente ha hecho un uso indebido por ese motivo.
Otras veces es el usuario el que tenía los datos adecuados, pero no los supo interpretar o ni siquiera leyó las condiciones.
Sin embargo, las asociaciones de consumidores por un lado, y los medios de comunicación por otro, suelen cargar las tintas contra las operadoras por defecto.
El enfoque siempre suele ser el mismo: la empresa, que tiene una fabulosa cuenta de resultados, pretende seguir enriqueciéndose a costa del sufrido consumidor, que además es muy pobre, cobrándole una factura desorbitada y encima el error no es suyo, sino de la compañía o de un tercero.
Habría que analizar cada caso para ver qué parte tiene razón. Es verdad que las operadoras suelen ser bastante insensibles y demasiado burocráticas e incapaces de reconocer y asumir un error, pero también es cierto que hay clientes que hacen un uso indebido y después pretenden escaquearse de pagar por lo que realmente han consumido amparándose en que es mucho.
Sin embargo, en los últimos días he leído un caso similar a todo esto que estoy comentando, pero al que se le ha dado un tono muy diferente.
Estoy hablando de la factura de movistar de una concejala getafense. Os resumo brevemente por si no lo conocéis.
Blanca Rosa Alcántara recibió, por su cargo, un portátil con conexión 3G y un teléfono móvil. La tarifa de datos permite descargar hasta 1GB al mes.
A partir de esa cifra, la operadora cobra medio euro por cada MB adicional. La hija de la concejala, de 14 años, utilizó la SIM de su madre para descargarse Perdidos. Como cada capítulo ocupa unos 350MB, pronto consumió el límite y la factura de movistar, a cargo del Ayuntamiento de Getafe, aumentó hasta casi 40.000 euros.
La niña, asegura ahora la madre, pensaba que se trataba de una tarifa plana y que esas conexiones no supondrían un cargo adicional. “Lo está pasando fatal. Cuando la vi sólo repetía que no lo sabía”, explica Blanca Rosa.
Pero ni blanca, ni rosa, la Prensa esta vez ha puesto verde al consumidor (y no a la operadora como de costumbre). Quizás sea porque es una concejala del PP. Es posible que hubiera pasado lo mismo si fuera del PSOE. No voy a entrar en política porque creo que es indiferente y opino que no se debería insinuar que es una corrupta como si hubiera utilizado fondos públicos para irse de tiendas o incrementar el saldo de su cuenta corriente.
Por cierto, la política ha señalado que ella se hará cargo de la factura (su sueldo anual es de unos 40.000 euros), pero me pregunto si habría pasado lo mismo si hubiera sido vendedora de seguros o barrendera. Me temo que no.
Actualización (11 de marzo de 2009)
La vida sigue igual. Hoy leo en La Región el siguiente titular:
Una reclamación de una factura de teléfono de 12.000 euros constata la falta de información de los consumidores
Me parece perfecto. Los consumidores debemos estar mejor informados para evitar casos como estos.
Y casi más importante es que las operadoras no llamen tarifa plana a algo que no lo es para no inducir a error.
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